La ONG iniciará acciones legales contra el Minsa para que deje sin efecto la guía técnica que estandariza este procedimiento dirigido a gestantes que pueden perder la vida.

Lima, Perú.- El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) advierte a las personas y organizaciones de defensa de derechos humanos que el Protocolo de Aborto Terapeútico se vería amenazado por un proceso judicial impulsado por la Organización no gubernamental (ONG) Acción de Lucha Anticorrupción sin Componenda que busca, a través de la vía judicial, que el Ministerio de Salud (Minsa) se abstenga de implementar, difundir y monitorear a nivel nacional la “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal”.

Este proceso legal se encuentra en trámite en el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, luego de que dicha ONG argumentase lo siguiente: “El protocolo de aborto terapéutico es un acto manifiestamente inconstitucional. Evidente peligro de “asesinato masivo”. Apología de impunidad con visos de legalidad. Bajo el amparo de una posición de dominio y poder que ejerce el Estado. En agravio de los indefensos concebidos. Derechos de concebidos en calidad de sujetos de derechos (“sujetos biológicos”) por la jurisprudencia latinoamericana que no hace distinción con aquellos derechos que tienen los nacidos y toda persona humana. Aplicación de la muerte de los recién concebidos. Dicha actitud vulnera los derechos del recién concebido como persona humana, indefensa, silenciada y condenada a muerte”.

Foto: Promsex

Frente a ello, Promsex lamenta lo siguiente: la admisión de esta demanda que da pie a la judicialización de una política pública constitucional que busca garantizar la vida y salud de las mujeres peruanas y que ha permitido salvar la vida de 917 mujeres desde su entrada en vigencia hasta diciembre del 2016; y que la misma organización, Alas Sin Componenda, que dejó a las mujeres más pobres de este país sin acceso al Anticonceptivo Oral de Emergencia arremeta ahora contra otra política a favor de la vida y salud de las mujeres.

La ausencia del Protocolo de Aborto Terapeútico le costó la salud y una vida digna a L.C, una adolescente a la que le negaron una intervención quirúrgica de emergencia por estar embarazada a consecuencia de una violación sexual, la misma que sobrevive con una cuadriplejia que pudo ser prevenida. Promsex demandó al Estado peruano por la violación de los derechos de esta adolescente y Perú fue condenado internacionalmente por el Comité CEDAW de Naciones Unidas.

Es en el marco del cumplimiento del Dictamen del Comité que el Estado peruano, en la encargatura del Ministerio de Salud, genera este Protocolo como una medida que busca evitar la vulneración de los derechos de otras niñas, adolescentes y mujeres en el Perú. Por ello, Promsex asumirá la defensa judicial del Protocolo de Aborto Terapeútico y ya es parte del proceso judicial en curso. Finalmente, hacemos un llamado al Poder Judicial a tramitar este proceso con la debida imparcialidad, lo que supone administrar justicia sin la presencia de estereotipos de género respecto a la maternidad.

Despenalizar el aborto en la ONU 

Al menos unos 05 países miembro de la Organización de las Naciones Unidas recomendaron despenalizar el aborto en casos de violación sexual a Perú, en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, durante la sesión del 8 de noviembre en Ginebra, Suiza. La lista de preguntas avanzadas hubiera sido mejor respondida por autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Salud (MINSA) y del Ministerio de Educación (MINEDU); sin embargo, fueron asumidas por miembros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

Foto: Captura de pantalla

PROMSEX solicita a la sociedad civil a unificar esfuerzos e instar al Estado a responder oportunamente y aceptar las recomendaciones que se le realizaron para mejorar la situación de las personas LGBT y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Fuente: Promsex