Propone que 2018 sea el “Año de la Igualdad y la no Violencia contra las Mujeres”

Lima, Perú.- El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, reiteró su respaldo a los esfuerzos del colectivo “Ni Una Menos” y de toda la ciudadanía organizada, enfocados en combatir la violencia.

En esa línea, insistió en que el Estado debe enfrentar el problema de violencia y la desigualdad como un tema central en la agenda nacional, con políticas claras que permitan disminuir las dramáticas brechas de género existentes en el país.

FOTOS DE LA FACHADA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL CENTRO DE LIMA.

Gutiérrez Camacho manifestó que las adhesiones y respaldos a estas iniciativas por parte del Estado son positivas, sin embargo son claramente son insuficientes. Las cifras oficiales sobre desigualdad y violencia contra las mujeres revelan un escenario donde es indispensable y urgente impulsar medidas como:

– La implementación del “Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021” (D.S. 008-2016-MIMP), lo que implica la difusión de la actual línea de base en la que se encuentra la afectación de los derechos de la mujer, así como los indicadores de evaluación de los avances de este plan.

– Supervisión por parte de la Defensoría del Pueblo de las distintas entidades del Estado, ministerios, gobiernos regionales y locales, Poder Judicial, Ministerio Público, y otros encargados de implementar el plan nacional.

– Asignación efectiva de recursos para el cumplimiento de estas obligaciones del Estado, lo que deberá expresarse en el presupuesto de la República de las distintas instituciones implicadas en el plan.

– Declarar el 2018 como el “Año de la Igualdad y la no Violencia contra las Mujeres”, como primer paso efectivo para coordinar acciones y visibilizar los esfuerzos en favor de quienes han sido víctimas de maltrato y discriminación de cualquier índole por causa de su género.

Finalmente, el Defensor del Pueblo recalcó que la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer y contra la violencia de género no son solamente obligaciones legales y compromisos internacionales sino demandas éticas ineludibles que comprometen a todos.