El Ministerio de Salud compró el frasco de 120 tabletas de Lapinavir-Ritonavir a un precio de hasta 474,84 quetzales (61,65 dólares), es decir más caro que los 164,95 quetzales (21,42 dólares) que figura en la lista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Guatemala.- Una investigación realizada por cuatro organizaciones reveló hoy que la adquisición de medicamentos para el tratamiento del VIH en Guatemala se incrementó, en su mayoría, debido a la protección de las patentes.

El análisis de 63 contratos demostró que en 2017 la compra de antirretrovirales con recursos públicos tuvo un costo alto por estar protegido por patentes, dijo Claudia Rodríguez, del Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (Hivos).

De acuerdo con la investigación, el Ministerio de Salud compró el frasco de 120 tabletas de Lapinavir-Ritonavir a un precio de hasta 474,84 quetzales (61,65 dólares), es decir más caro que los 164,95 quetzales (21,42 dólares) que figura en la lista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La adquisición del medicamento significó un gasto de más de 21,13 millones de quetzales (2,74 millones de dólares) cuando se pudo comprar en 7,30 millones de quetzales (948.176 dólares), señala el estudio, en el que participó también la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento de Latinoamérica y el Caribe (ITPC) y la Red legal y su Observatorio de Derechos Humanos.

Explica que con los recursos que se pagaron demás se pudo haber adquirido 83.888 frascos del medicamento para atender a 10.679 pacientes al año.

Enfatiza que el elevado costo se debe a “la protección de patentes, el uso recurrente de una sola modalidad de compra y no a través de compras conjuntas”.

“La protección de patentes sobre el medicamento obliga a la compra directa”, asegura Eduard Martin Borregón, del Proyecto sobre Organización, Educación e Investigación (Poder) con sede en México, que también participó en el análisis.

La investigación estima que en Guatemala hay 46.000 personas que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el Estado provee los antirretrovirales para casi 20.000 a través de compras públicas.

Cada año, dice, son diagnosticadas 1.700 personas con VIH pero solo 700 de ellas son atendidas por el sistema de salud pública.