Experto advierte que funcionarios que dejaron expirar pruebas para VIH tienen responsabilidad penal

Interpondrán denuncia contra funcionarios del Minsa por dejar vencer pruebas de VIH. / Foto: Mario Ríos
Interpondrán denuncia contra funcionarios del Minsa por dejar vencer pruebas de VIH. / Foto: Mario Ríos

Lima, Perú .- El director de la organización Justicia en Salud y experto en temas legales relacionados con la Salud, Mario Ríos Barrientos, indicó que existen indicios suficientes para determinar que en el caso de la destrucción por vencimiento de 65 mil 458 pruebas rápidas para la detección del VIH, valorizadas en 5 millones 350 mil 870 nuevos soles, habrían responsabilidades penales y administrativas.

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Director de Justicia en Salud, advierte delitos administrativos y legales en caso de destrucción de pruebas de VIH.

Indicó que se configurarían delitos de deberes de función, peculado y malversación de fondos, al haber dejado sin uso y almacenados miles de productos que son necesarios para el diagnóstico del VIH.

En un mensaje dado a conocer en las redes sociales por el colectivo GIVAR (Vigilancia de medicamentos antirretrovirales), se presentó un documento, donde se da a conocer que el director del hospital Docente de Cajamarca, Tito Urteaga Melquiades, indica que en el mes de agosto, debió adquirir 960 pruebas rápidas de emergencia por estar desabastecido y que desde el nivel central, se le informó que no había stock, cuando un lote de medicamentos vencidos que fueron destruidos, tenía como fecha de vencimiento el 5 de setiembre del año pasado.

Al ser consultado sobre el caso de la posibilidad que se hubiera dado una información falsa sobre el stock de medicamentos, Rios Barrientos, respondió que habría existido “injuria burocrática”, que significa sancionar aquel funcionario pone en riesgo la vida de los demás por actuación u omisión de sus funciones, lo cual debe ser sancionado por la vía administrativa y penal, de ser el caso.

Finalmente, Ríos Barrientos, dijo que el colectivo Dignidad en Salud, viene recopilando información necesaria, para iniciar un proceso administrativo y penal, en la Contraloría General de la República y Ministerio Público, indicando que no se puede dejar pasar el mal uso de 5 millones de soles de la contribución pública.

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