Activista nicaragüense recibe amenazas por denunciar falta de antirretrovirales en su país

Arely Cano señala que existe desabastecimiento desde hace tres meses por lo que es intimidada vía redes sociales y telefónica. Dos de sus hijos han abandonado su país ante el peligro.

Escribe: Renato Arana Conde / Conexión Vida 

Managua, Nicaragua.- Arely Cano, activista nicaragüense por los derechos de las personas viviendo con VIH, denunció que viene recibiendo amenazas vía redes sociales, luego de que denunciara el desabastecimiento de antirretrovirales en los hospitales del convulsionado país centroamericano gobernado por Daniel Ortega.

“Hace casi tres meses que los hospitales de mi país Nicaragua están sin medicación de algunos esquemas y no quieren oír una voz que se pronuncie al respecto. Es lamentable que por denunciar el desabastecimiento uno tenga que enfrentarse a fanáticos que quieren amedrentarnos. Este reclamo no tiene nada que ver con política, porque todas nuestras luchas tienen que ver con los derechos humanos” expresó Cano, quien también es presidenta de ICW (Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA).

Las amenazas vía facebook, whatsapp, e incluso correo tradicional a su domicilio, se dirigen no a la dirigente sino a sus hijos. Los mensajes, con palabras de grueso calibre, advierten con agredir sexualmente a sus tres hijos. No es la primera vez que Cano enfrenta a estas agresiones por sus críticas al sistema de salud y al régimen de Daniel Ortega. Dos de sus hijos ya se encuentran en Costa Rica por su seguridad.

Régimen de Ortega niega desabastecimiento.

Ritonavir, abacavir y la combinación de tenofovir e emtricitabina (Truvada) son los fármacos carentes en las farmacias de los establecimientos de salud de Nicaragua ya que no están cubiertos por el Fondo Mundial si no por el Estado que ha realizado compras tardías, tal como sucede en nuestro país. Aunque el régimen de Daniel Ortega niega  la crisis, Cano asegura que tiene pruebas que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) solicitó a otro país de Centroamérica un préstamo de antirretrovirales tras su denuncia pública.

“Y la OPS se vuelve cómplice al interceder en este préstamo. Una tuvo que hacer una denuncia pública para resolverlo. ¿Cuándo pensaban decirles a las personas con VIH lo que sucedía? Con estas amenazas que una recibe, ¿qué valor van a tener las personas con VIH para reclamar en mi país?”, cuestionó la dirigente.

En tanto, Marina Soto, representante de ICW Perú expresó su apoyo a Cano y calificó de justo su reclamo, -pues como consecuencia de un prolongado desabastecimiento se genera resistencia medicamentosa- por lo cual es imperativo la resolución de la crisis en Nicaragua. “Y esto es un problema notorio en varios países de la región pues al momento de las compras de medicamentos solo se cuenta con un solo postor que pone sus condiciones y sus tiempos de entrega, lo cual es perjudicial para los usuarios finales”, explicó Soto.

Organizaciones peruanas como GIVAR, que realizan vigilancia del abastecimiento oportuno de medicamentos para el VIH, se pronunciaron sobre el caso y refieren que la denuncia ciudadana es un derecho legítimo que tiene como propósito mejorar los servicios de salud, evitando vulneración a los derechos humanos de las personas que viven con el VIH. 

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