Defensoría del Pueblo en contra de la pena de muerte

Defensor del Pueblo / Conexión Vida

Aplicación de pena de muerte dejaría sin protección otros derechos.

Lima, Perú.- Luego que el presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que se debe “evaluar” sobre la aplicación de la pena de muerte para casos de feminicidio y violadores y, que un posible cambio de norma depende del Congreso, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, recordó que la no pena de muerte no constituye una medida adecuada para combatir la violencia.

Gutiérrez dijo que la posibilidad de imponer la pena de muerte obligaría al Estado peruano a retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos, eliminando con ello uno de los principales mecanismos de protección de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.

Remarcó que un retiro de esta Convención nos dejaría fuera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos debido a que no es posible denunciar solo un artículo de la misma. Con ello, se dejaría en una posición de grave vulnerabilidad otros derechos como la vida, la libertad personal, la integridad, la libertad de expresión, entre otros.

En atención a la Convención Americana, los países que han abolido o limitado la pena de muerte no pueden ampliarla a nuevos supuestos. En nuestro país, la Constitución Política de 1979 restringió la pena de muerte al delito de traición a la patria; en consecuencia, hoy en día el Estado peruano no podría imponer la pena de muerte a otros delitos. Asimismo, recordó que en 1994 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-14/94, en la cual señaló que el Perú no podría ampliar los supuestos de pena de muerte.

Gutiérrez Camacho, indicó que el debate sobre la imposición de la pena de muerte para los casos de violación sexual de mujeres y menores de edad es inconducente y distrae de las acciones que debe realizar el Estado para combatir la violencia. Al respecto, señaló que el enfoque debe partir por adoptar medidas de prevención eficientes, como el fortalecimiento del sistema de protección a la niñez y adolescencia, así como servicios de educación y justicia con enfoque de igualdad de género necesarios para eliminar todo tipo de violencia.

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